La disputa por los #DerechosHumanos (I parte)

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Por Carlos de la Rosa de la Vega

DDHH_NUBE_02Los derechos humanos son un campo de batalla. Sobre ellos se erigen los más diversos discursos destinados a legitimar posicionamientos ideológicos las más de las veces irreconciliables. Posturas enfrentadas disputan hacerse hegemónicas en terrenos comunes de lucha, institucionalizando así su visión del conflicto y sus propuestas concretas de resolución del mismo. Por lo general, en cualquier conflicto se remite a la observancia o inobservancia de los derechos humanos en una cadena de argumentaciones en espiral: en nombre de los derechos humanos se demonizan los sistemas políticos que dificultan el bienestar y la dignidad de su población (recordemos los casos de Irak, Libia o Ucrania); para hacer efectivos los derechos humanos en esos lugares se llevan a cabo invasiones militares que destruyen escuelas, iglesias, sistemas de comunicación, hospitales, carreteras, vidas, canales de abastecimiento de agua potable y electricidad (Libia, Irak, Ucrania); enarbolando esa misma bandera se denuncian las guerras y asesinatos que presuntamente solo buscaban ofrecer los beneficios de los propios derechos humanos a una población que, en muchos casos, ya no existe (Irak, Ucrania, Libia).

Algo similar ocurre con el aborto. Basándose en la legitimidad que les otorgan los derechos humanos, reivindican muchas mujeres su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; su poder de elegir sobre su propio cuerpo y sobre su destino sin imposición ajena, su derecho a escapar de la precarización en la que vivirían ella y su criatura al no disponer de los recursos económicos o de cuidado suficiente para hacer de esas dos vidas (la suya y la de su criatura) unas dignas de ser vividas. También en nombre de los derechos humanos muchos reivindican el derecho del no nacido a la vida, tal cual lo tuvo su madre al nacer, ya sea desde enfoques teológicos (solo Dios da y quita la vida), ya desde posicionamientos de inclusión familista (también los hombres-padres deberían poder decidir) y hasta colectivistas (la decisión de abortar o parir no debe recaer en la madre, ni siquiera en la madre y el padre, sino en la sociedad en su conjunto, que es la que en última instancia crea las condiciones estructurales para el sustento de la criatura en el futuro). La misma lógica argumentativa siguen las discusiones en torno a la eutanasia, por ejemplo, o sobre la idoneidad o peligrosidad de llevar a cabo políticas de desarrollo económico en el corto y largo plazo.

Si esto es posible, si un solo puñado de leyes agrupadas puede ser el centro de conflictos y debates tan amplios, de intereses y planteamientos nacidos en cualquier lugar del mundo y aplicados en el otro extremo del globo, es porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la primera constitución de la historia que nace con la pretensión explícita de abarcar a toda la humanidad. Antes de 1948, cientos son los intentos de establecer unas pautas de convivencia en base a la coexistencia pacífica y alejadas de la imprevisibilidad de las reacciones por parte de las personas o grupos dirigentes. Desde el Código de Hammurabi (siglo XVII a.C.) hasta el Cilindro de Ciro en Babilonia (539 a.C.), pasando por las leyes de Solón y Dracón en la Atenas del siglo VII a.C., las XII Tablas romanas del siglo V a.C. e incluso la carta del imperio Malí, leída en el siglo XIII en el África occidental, muchas son las leyes que pueden considerarse actualmente como precursoras de los derechos humanos. Pero si estas normas fueron proclamadas para regir la convivencia en un territorio y población concreta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace con la pretensión explícita de regir las relaciones sociales de cualquier grupo humano a lo largo y ancho del mundo, sea cual sea su lugar de nacimiento y residencia. Su finalidad es inclusiva e inmortal: su propósito es servir a todos, a todas, y para siempre.

Esta concepción universalista de los derechos humanos fue recogida y plasmada por el jurista francés y Premio Nobel de la Paz en 1968 René Cassin, quien en los debates de la Comisión de redacción de la Declaración consiguió que ésta fuera adjetivada como universal (Mestre Chust, 2007). Y esto porque frente a lo universal, lo internacional lo componen los estados y otros actores de la escena política global, como las empresas transnacionales o los organismos supraestatales (Unión Europea, OTAN, etc.). En el caso de haber sido proclamada una Declaración internacional, sería a estos actores globales a los que irían destinados los derechos humanos. Estos serían los encargados de administrarlos y fiscalizarlos, poniendo trabas, facilidades, ralentizando su aplicación o imponiéndolos por la fuerza de manera rutinaria. Y ello debido a que desde esta perspectiva lo internacional es un concepto temporal, coyuntural, casi anecdótico. En la práctica, según el posicionamiento de partida de René Cassin, unos países serían más garantes que otros en la administración de estos derechos. Algunas zonas del planeta quedarían huérfanas de este bien, mientras que en otras podría ser gestionado como un mero servicio de lujo. Los derechos humanos podrían ser intercambiados, vendidos, suspendidos. Al calificarla de universal, la Declaración postuló que ninguna persona puede ser separada de estos derechos, y que su titularidad es directa, no derivada, sin intermediarios.

Aunque la práctica dicte una realidad bien distinta, teóricamente no son los estados o alguna empresa petrolera quien tiene la capacidad de administrar los derechos humanos como si fueran impuestos, avena o gas. Esto se debe a que en este marco lo internacional hace referencia al aspecto jurídico-gubernamental como el predominante en el juego de la política, realizada desde posiciones diferentes y tendentes tanto a la colaboración como al conflicto. Lo universal, en cambio, se relaciona con una ausencia de conflicto que abarca la dimensión jurídico-gubernamental como una más de las que componen el mundo de las relaciones humanas. Lo internacional, dicho de otra manera, desde esta perspectiva, es un espacio demasiado mundano: remite a lo cultural, a lo temporal, a lo que está sujeto al cambio. Lo universal es, sin embargo, una dimensión de lo real ni siquiera exclusivamente humana. El concepto de universalidad remite a todo lo abarcable, a lo inmutable, a lo estable, lo que permanece. Remite –y aquí radica parte de su gran importancia- tanto a todo lo existente (como la naturaleza, y su degeneración: el medio ambiente) como a lo no existente aún (las generaciones venideras).

Por eso la Declaración Universal pretende presentarse al mundo sin sujeción a uno u otro credo. No es apolítica, pero intenta no estar ligada a las particularidades de una moda o una forma política concreta; se presenta como universal porque las abarca a todas, por encima y entre los actores políticos: engloba a toda la humanidad y de manera directa, sin intermediación posible. De esta manera desde el enfoque universalista, los actuales derechos humanos y su plasmación final en la Declaración Universal de 1948 no hacen más que recoger una herencia de milenios en busca de la armoniosa convivencia humana que puede ser rastreada a lo largo de la historia del pensamiento, desde las principales religiones monoteístas hasta el humanismo filosófico desarrollado en el último siglo, pasando por la moral confuciana y el ateísmo militante. Como consecuencia, los derechos humanos, al hacerse universales, pertenecen, de facto, a toda persona, toda institución, toda cultura y toda sociedad, en cualquier lugar y momento histórico: es, como se ha dicho antes, de todo ser humano y para siempre.

Sin embargo, en los últimos años esta concepción de los derechos humanos ha sido fuertemente cuestionada. Por un lado, se ha puesto en entredicho el pretendido carácter inalienable de los derechos humanos: de ser así, no habría necesidad alguna de que estos tuvieran que ser defendidos, reivindicados, conseguidos y ratificados por multitud de convenciones internacionales y prácticas sociales. Además, si estos derechos perteneciesen de manera innata a toda persona, fuera cual fuera su origen y situación étnica, geográfica, laboral, etc., no podría llevarse a cabo acción alguna que tuviese como consecuencia pretendida o inesperada el daño de los derechos humanos de grandes grupos de población sin que ésta fuese duramente castigada. Algo que, conocemos, no ocurre. Más humildemente, parece que lo que se nos ofrece no es la indiscutible titularidad de los derechos humanos por el mero hecho de haber nacido, sino la posibilidad de su disfrute, y que no es más –ni menos- que esta posibilidad la que aparece recogida en la ingente literatura sobre el tema, como una hoja de ruta a realizar.

Por ello se suele diferenciar entre la dimensión formal de los derechos humanos, aquella que queda recogida en la Declaración de 1948 y en las sucesivas convenciones firmadas hasta nuestros días, y la dimensión material de los mismos, pretendiendo así mostrar el amplio espacio existente entre el reconocimiento legal de los derechos y el acceso real a unos recursos –los propios derechos humanos, esta vez materializados- por parte de grupos sociales las más de las veces ajenos a los procesos de reparto y adquisición de los mismos. Así es cómo desde un segundo enfoque –que podríamos denominar materialismo cultural, pues pone el énfasis en la contextualización particular en la que nacen y se desenvuelven los derechos humanos- se critica la perspectiva universalista por presentar unos derechos humanos desterritorializados, fuera, por encima y previos al mundo en el que se aplican, casi ajenos a él, al tiempo que alerta del carácter eminentemente político de los mismos, «inmersos en relaciones de poder que funcionan oprimiendo, explotando y excluyendo a muchos colectivos de personas que exigen vivir dignamente» (Herrera Flores, 2005).

Desde esta perspectiva se definen los derechos humanos no como las frutas a recoger del árbol del sistema, ni como el reguero que deja a la población una estructura jurídica e institucional supranacional a través de un mecanismo de goteo siempre previsiblemente insuficiente. Por el contrario, culturalmente los derechos humanos son definidos como los espacios y las prácticas de encuentro, interacción, conflicto y (des)acuerdo donde se dan las condiciones de su desarrollo. Es decir, como los recursos con los que se construyen las bases del bienestar y la convivencia humana -valores, normas, instituciones- a la vez que como las prácticas sociales que posibilitan la existencia de esos recursos (Herrera Flores, 2000).

Este artículo es el texto de introducción del libro “Más allá de lo imposible. La dimensión política de los derechos humanos en el siglo XXI“, publicado por la editorial Txalaparta, Navarra (España), en febrero de 2016.

Rebelión

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