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Dalexi González Madruga. Foto: Ismael Francisco

Por Redacción Razones de Cuba

La patria no tiene precio

Todavía después de lo del Cayuelo, Dalexi González recibió nuevas encomiendas. Le orientaron recoger algunos aditamentos que faltaban a las antenas al céntrico Puente Almendares, donde los encontraría en una bolsa negra de nailon aparentemente abandonada. Ya no se pudo negar, así que acudió, buscó y rebuscó arriba y debajo del puente, entre los matorrales: pero no había nada allá. Luego supo que las cosas fueron enviadas con otra turista, también estadounidense, nombrada Margaret… quizá una emisaria de Robert Guerra.

Si algo estuvo claro para Dalexi desde el comienzo, era que Marcos tenía un fuerte sustento financiero detrás. Velaba porque cualquier gasto quedara estampado en un recibo que guardaba cuidadosamente. Aquella gente averiguaba demasiado y gastaba más. Era muy aparatosa su manera de operar. Y desde el momento en que conoció a Guerra, supo que lo querían reclutar. Todo funcionaba así, como un thriller de espionaje para el cual lo probaron varias veces.

«Según se desarrollaban los sucesos, pronto me di cuenta que me querían utilizar y, simplemente, no me iba a prestar para una actividad de ese tipo. Entonces me convertí en Alejandro para el enemigo, y en Raúl para la Seguridad de mi país».

Cuba no está en contra  del uso de la tecnología, al contrario. El mundo se mueve a velocidad vertiginosa en esta esfera, pero se requiere orden, control. Montar estaciones de satélite, necesita licencia, explica el ingeniero Carlos Martínez, director general de la Agencia de Control y Supervisión (ACS) del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC). No se trata de una exclusividad de Cuba. Es algo que está estipulado de manera internacional.

Firmada por 189 naciones, la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el texto que funge como órgano especializado de la Organización de Naciones Unidas vinculado al tema. Y reconoce en toda su plenitud el derecho soberano de los Estados a reglamentar esta rama.

Por ejemplo, hay países que cobran el servicio de televisión que nosotros brindamos gratis a nuestro pueblo. Hay otros que aplican un impuesto, es su derecho. «Aquí está reglamentado que todos los servicios espaciales llevan licencia», explica Martínez.

Es por eso que la ACS lleva a cabo un trabajo muy serio de detección de estaciones ilegales. En Cuba, el uso del espectro radioeléctrico está legislado por el decreto 135 de 1986.

Pero, específicamente, en relación con los servicios espaciales se emitió el decreto 269 del año 2000, vinculado a las estaciones con acceso a satélites artificiales de la Tierra que «traten de transmisión hacia esos satélites, de recepción, o las dos cosas y en cualquier banda de frecuencia que se empleen».

En el mismo —comenta el funcionario— se norma la obligatoriedad de obtener un permiso que emite la ACS, de acuerdo con determinadas reglas técnicas.

Cuba cuenta con medios técnicos modernos para el enfrentamiento a cualquier tipo de ilegalidad referida al uso de su espacio radioeléctrico. Es una tecnología cara, pero el país ha tenido la necesidad de adquirirla, lo que unido, entre otras medidas, a un cuerpo estatal de inspectores, cierran el círculo a las violaciones.

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