Trump-deportaciones: ¿Se alquilan jueces migratorios?

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Por  Nicanor León Cotayo

e0e62778a401b47ced0eb8b2fb76d089_LEl Gobierno de Estados Unidos trata de imponer cuotas anuales a los jueces de inmigración para supuestamente aligerar las deportaciones.

Así lo informó este lunes el diario The Washington Post.Para ello los magistrados tendrían que procesar como mínimo 700 casos anuales si pretenden alcanzar una evaluación “satisfactoria”.

Estas nuevas reglas penalizarían a los jueces  que eleven más del 15 por ciento de casos a tribunales superiores y que fijen audiencias muy separadas entre las previstas.

La razón teórica es agilizar el número de los casi 600 mil expedientes atrasados ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), del sistema judicial de inmigración de Estados Unidos.

Estos casos, aclara el Post, pueden tardar años en concluirse.

El portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley declaró a ese diario que  actualmente los jueces de inmigración procesan alrededor de 678 expedientes anualmente, excepto algunos que llegan a mil.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración està subordinada directamente a la Casa Blanca.

La jueza A. Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo al periódico que “podría cuestionarse la integridad o imparcialidad del tribunal si la decisión del juez está influenciada por factores ajenos al caso”.

El pretexto de Donald Trump de  aligerar los miles de casos amontonados en el sistema migratorio es para endurecer el control de la migración irregular a Estados Unidos.

Otro de sus propósitos es ampliar, aún más, mediante contratos  la plantilla actual de los  jueces migratorios.

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