#Venezuela y los límites de la democracia regional
La tensión política en Venezuela ascendió un nuevo escalón con la reciente detención del alcalde general mayor de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de formar parte de un plan desactivado la semana pasada que buscaba desestabilizar al Gobierno, el cual incluía la participación de un grupo de militares y contemplaba –según las versiones oficiales- ataques a distintas sedes gubernamentales y al canal multiestatal de noticias Telesur.Al referirse a la detención de Ledezma, hecha efectiva por agentes del Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) bajo órdenes del Ministerio Público, el presidente Maduro hizo referencia a un comunicado publicado la semana pasada por el diario opositor El Nacional, firmado conjuntamente por el alcalde apresado, por María Corina Machado, diputada destituida en marzo pasado tras aceptar ser representante alterna de Panamá ante la OEA y también por el mencionado Leopoldo López, es decir, tres de los referentes de la derecha venezolana más dura. Según Maduro, el documento –titulado “Acuerdo nacional para la transición”- tenía el objetivo de fungir como señal de activación del supuesto plan golpista. El plan revelado, pasa a engrosar una larga lista de intentonas golpistas contra el chavismo.
La pregunta que surge en Venezuela ante cada nuevo acontecimiento es cuánto más serán capaces los venezolanos –el Gobierno, pero también los distintos sectores de la sociedad- de aguantar tal nivel de conflictividad. Máxime, cuando las partes parecen no hacer otra cosa que recrudecer sus posiciones y clausurar cualquier tipo de diálogo.
Por otro lado, cabe preguntarse si el propio gobierno bolivariano no yerra el cálculo al decidir aplicar a los conspiradores todo el peso de la ley, en vistas, principalmente, a la utilización que la “comunidad internacional” hace de cada uno de estos acontecimientos contra el propio gobierno. Aunque, en rigor, tampoco es posible denunciar planes desestabilizadores y no tomar medidas al respecto contra los responsables. Allí, entonces, lo que aparece es un dilema difícil de resolver que, en cualquier caso, termina reflejando una realidad sumamente compleja.
En términos más generales, en el escenario venezolano aparecen claves que ayudan a graficar las realidades políticas de otros países de la región. Así, aunque varíen las escalas, la actual coyuntura venezolana no resulta, en esencia, muy distinta de la existente en Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil o Uruguay. En todos estos países, surgieron en los últimos años gobiernos que, con distintas intensidades, han decido tocar intereses de los históricos núcleos de poder –económicos, mediáticos, judiciales, etc.- y se encuentran, desde entonces, resistiendo los embates de los mismos.
Detrás de ese diagnóstico compartido, asoma una cuestión central: las democracias de los países mencionados se encuentran en un momento crucial en el que están conociendo –y reconfigurando- sus propias fronteras de posibilidad. Claro que esto, ni por lejos, resulta una cuestión sencilla, ni mucho menos tranquila.
Hasta dónde las democracias regionales serán capaces de soportar procesos de cambios, parece ser la pregunta que mejor grafica los escenarios políticos de la América del Sur en la última década. La respuesta depende, en parte, de cuánto toleren los sectores conservadores verse desplazados de los espacios de decisión que históricamente dominaron. Algo que, tal como muestra Venezuela, les cuesta y mucho.
