Una explicación fácil sobre los “buitres”: comenzaron en Panamá

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Marco A. Gandásegui (h).–
Los operadores financieros que se autodenomina ‘buitres”, con sede en la ciudad de Nueva York, tienen años de estar aleteando sobre los ahorros de los trabajadores argentinos. Pretenden arrancarle al gobierno de este país 3 mil millones de dólares por una deuda que compraron por sólo 48 millones de dólares en 2001. La historia de los ‘buitres’ de la Gran Manzana se inició en 1996 cuando, por primera vez en la historia, un tribunal local norteamericano aceptó una demanda contra un gobierno soberano. El caso se refería a Panamá.

Según la socióloga Saskia Sassen, quien escribe en la revista Foreign Policy (3 de agosto de 2014), las operaciones financieras que realizan los ‘buitres’ son “una perversión de la ley internacional”. Se realizan bajo la mirada complaciente de las autoridades fiscales de Estados Unidos.

El caso de Panamá se inició en octubre de 1995, cuando la empresa “Elliott Associates L.P.” compró un segmento de la deuda panameña valorada en US$28.7 millones por sólo US$17.5 millones. Los grandes bancos titulares del monto creían que la deuda panameña era impagable. Entre los bancos se encontraban el Citi y el Credit Suisse que le vendieron el paquete a Elliot.

Cuando el gobierno del entonces presidente Pérez Balladares convocó a los bancos dueños de la deuda panameña en 1995 para buscar un arreglo o reestructuración todos aceptaron, menos Elliot. En julio de 1996, el operador buitre Elliot interpuso una demanda en una corte de la ciudad de Nueva York contra la República de Panamá por el pago de los US$28.7 millones más intereses y costos. El caso llegó a la Corte Suprema del Estado de Nueva York donde la demanda del ‘buitre’ fue aceptada. Panamá tuvo que pagar más de US$57 millones y otros 14 millones de dólares que fueron repartidos a otros interesados.

El caso de Elliot contra Panamá creó nueva jurisprudencia al permitirle a un particular anteponer en tribunales de un país demandas contra Estados (supuestamente) soberanos.

La acción que contó con el beneplácito de jueces locales rompió con una tradición que se remontaba a la creación de los Estados-naciones en el siglo XVII. La táctica utilizada contra Panamá, según Saslia Sassan, no atrajo mucha atención en los medios especializados de la época. Sin embargo, en Wall Street los ‘buitres’ de todos los colores y tamaños comenzaron a hacer planes. De una vez apuntaron hacia la deuda de países tan distantes como Ecuador y Rusia.

La decisión tomada en 1996 ha creado una nueva tendencia hacia el trato de las deudas que contraen países pobres con unas elites insaciables. Entre el final de la segunda guerra mundial (1945) y fines del siglo pasado, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Club de París mantenían un cierto financiero en las transacciones internacionales. Este arreglo tenía ventajas políticas ya que sometía a los países dependientes de las agencias de los países más poderosos (por ejemplo, Estados Unidos).

Los grandes bancos que operan a escala global tienen los recursos para demandar a los países endeudados más débiles. No lo hacían porque no respondía a las reglas del juego político. Además, se sentían cómodos dejando que los gobiernos de los países más poderosos y sus agencias (FMI, Banco Mundial y otros) negociaran por ellos.

La socióloga Sassen señala que cuando Panamá fue obligada a aceptar los términos del ‘buitre’ Elliot, debió haber habido un debate sobre el significado de las nuevas reglas. “Desde el punto de vista técnico, los fondos de un (país) soberano son propiedad de su ciudadanía”. Lo que ocurre es que los ahorros de un pueblo son entregados a un operador financiero que se especializa en especular en el mercado. La irresponsabilidad de la elite insaciable es cosechada por un grupo de activistas de dudosa reputación.

La operación inaugurada en 1996 por Elliot en Panamá ahora la está aplicando Argentina. En este último caso, el monto es mucho más sustancial. El valor de la deuda original de Argentina que compró Elliot en 2001 tenía un valor de US$48 millones. En la actualidad, en papel vale US$630 millones. Sin embargo, el ‘buitre’ demanda US$1.5 mil millones. Sumando intereses y otros costos, Argentina pagaría US$3 mil millones.

El gobierno argentino presentó el caso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Este paso sacaría las decisiones de las manos de unos jueces locales de la ciudad de Nueva York.

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.
Tomado del Blog Isla Mía

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