Los padrinos de la contra nicaragüense (Parte II y Final)

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Por Miguel Angel García Alzugaray

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La historia de la injerencia de Estados Unidos en Nicaragua se remonta a 1854, cuando la potencia norteña bombardeó y destruyó el puerto de San Juan del Norte con el pretexto de un impuesto oficial al yate de su representante Cornelius Vanderbilt, fondeado en ese lugar.

Desde esa época y hasta la construcción del canal de Panamá, Nicaragua fue importante para Norteamérica porque representaba un puente posible entre los océanos Pacífico y Atlántico

Luego de otras maniobras intervencionistas, en agosto de 1909, la soldadesca estadounidense ocupó de nuevo el país para sostener al régimen títere del conservador presidente Adolfo Díaz. Tomaron Managua, la capital, y las importantes ciudades de Granada y León, y permanecieron en el país hasta 1933 luego de un levantamiento popular de seis años, liderado por el general Augusto César Sandino.

Ya en 1934, el popular líder fue asesinado por el jefe de la Guardia Nacional, el después dictador Anastasio Somoza García, con la complicidad del embajador estadounidense. La dinastía de los Somoza perduró hasta 1979 con la caída del poder de su hijo menor Anastasio Somoza Debayle a manos de la Revolución Sandinista.

La historia del gobierno estadounidense interviniendo en Nicaragua desde mediados del siglo XIX, seguida por una guerra secreta orquestada por la CIA que comenzó después de la revolución nicaragüense de 1979, y que involucra actos de terrorismo y una campaña propagandística patrocinada por Washington contra los sandinistas que derrocaron al gobierno del tirano Somoza, rara vez se menciona en los medios de comunicación sumisos al imperio yanqui.

Veinte años después de la Revolución Cubana (1959) concluyó en triunfo una segunda guerra de guerrillas en América Latina con la liberación de Nicaragua. La campaña de lucha se había extendido por dos décadas, desde 1959 hasta 1979; pero los dos últimos años de este período fueron el apogeo. Después de una serie de insurrecciones urbanas entre 1977 y julio de 1979, las columnas sandinistas habían liberado las ciudades de Matagalpa, León, Masaya, Chinandega y, finalmente, Managua.

Incapaz de tolerar la existencia de una revolución popular en Centroamérica, a principios de los años ochenta Estados Unidos financió y apoyó militarmente el surgimiento de bandas armadas contrarrevolucionarias localizadas geográficamente en la región rural norteña, junto a la frontera con Honduras y en la costa atlántica.

A partir de 1981, el gobierno de Ronald Reagan incrementó progresivamente su apoyo a la contra. Se enviaron más de 300 millones de dólares en ayuda y equipamiento, y los contrarrevolucionarios recibieron formación militar desde 1982 hasta 1990. EE.UU. también impuso un embargo comercial sobre Nicaragua y bloqueó los préstamos de muchas instituciones financieras internacionales.

Estas medidas debilitaron la frágil economía nicaragüense, a la vez que los ataques de la contra ocasionaban pérdidas en la agricultura, el comercio y dañaban la infraestructura del país. Cuando el conflicto entre el gobierno y la contra se agravó y los enfrentamientos se generalizaron en todo el territorio, decenas de miles de nicaragüenses fueron obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a otras zonas del país a causa de la violencia.

Los sandinistas respondieron a las amenazas de la contra organizando un ejército popular que enfrentó con valentía esta agresión.

El apoyo de Reagan a la contra provocó una gran disputa política en Estados Unidos, que culminó con el escándalo conocido como Irangate, un escándalo que tuvo lugar en 1985 y 1986 en el que varios altos cargos del gobierno de Reagan se vieron implicados en una venta ilegal de armas.

A finales de 1986, el escándalo político estalló en Washington. Oficiales de alto mando del presidente Ronald Reagan fueron expuestos por haber secretamente violado la política exterior y doméstica de los Estados Unidos.

La mano tenebrosa de Posada Carriles

El apoyo de los Estados Unidos a los contras en Nicaragua fue revelado al público cuando el gobierno sandinista hizo caer un avión norteamericano transportando suministros y capturó a uno de los miembros de la tripulación al día siguiente.

El C-123 llevaba secretamente armas y suministros para las bandas contras de Nicaragua, por cuenta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Eugene Hasenfus, uno de los ocupantes del avión, saltó en paracaídas y —al ser detenido le contó al gobierno sandinista que la aeronave era parte de una operación de la CIA, de apoyo a los contras.

En una rueda de prensa, que quedó sepultada bajo la avalancha de noticias sobre las conexiones de Washington y la aeronave, el entonces viceministro del Interior de Nicaragua, aseguró que en la operación participaban dos cubanos que continuamente se ufanaban de su amistad con el entonces vicepresidente George H. Bush.

Uno de ellos, agregó el funcionario, basándose en el testimonio de Hasenfus, se llama Luis Posada Carriles y “le gustaba jactarse de ser amigo personal de George Bush”.

Con las declaraciones de Hasenfus, arrancó el llamado escándalo Irán-Contras, el embarazoso fiasco de la inteligencia estadounidense que desentrañó la financiación de la guerrilla de los contras con dinero producto de la venta ilegal de armas.

Aunque en principio sólo se conocieron los alias de los cubanos norteamericanos, días después de la caída del avión, el gobierno nicaragüense los identificó como Félix Rodríguez, quien operaba con el alias Max Gómez, y Luis Posada Carriles, quien trabajaba bajo el nombre Ramón Medina.

Documentos desclasificados, revelados por los Archivos de Seguridad Nacional, arrojaron nuevas luces sobre el papel de Luis Posada en las operaciones de abastecimiento de los contras.

A Posada, la CIA le encargó dirigir el suministro aéreo a la contrarrevolución nicaragüense, la organización logística de aquellos recursos de guerra y la atención al personal involucrado en la operación y, personalmente, tripuló muchos de los vuelos para abastecer de armas a quienes combatían al gobierno sandinista,

El escándalo estuvo completo para el 21 de noviembre, al saberse que Oliver North y Fawn Hall, asesores presidenciales, habían destruido documentos importantes. Para el 25, el fiscal general Edwin Messe admitió que el producto de las ventas de armas a Irán había hecho posible la asistencia financiera a la contra de Nicaragua. La operación de venta ilegal de armas produjo más de 47 millones de dólares, dinero gestionado por North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza.

Los contras de hoy, a menudo apodados “el rearmado”, en realidad son un remedo de lo que alguna vez fueron. Se quejan de que están en la ruina y dicen que la razón por la que no tienen más éxito es que no tienen ayuda internacional, como lo hicieron durante la administración Reagan.

Pero ahora con la administración Trump en la Casa Blanca, se sienten apoyados de nuevo, pues la relación de Estados Unidos con Nicaragua se vuelve a agudizar, especialmente después de que votara en contra del plan de Trump y Netanyahu de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.

Los ataques injerencistas, primero de congresistas de Estados Unidos contra Nicaragua y su gobierno revolucionario, así como la organización y financiamiento de los grupos extremistas que promueven hoy el caos y la violencia interna, forman parte del plan de desestabilización regional emprendido por los sectores más retrógrados del capitalismo mundial, cuyo centro radica en la nación norteña.

En las últimas elecciones presidenciales efectuadas en Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega y su compañera de fórmula Rosario Murillo obtuvieron más del 70 % de los votos válidos, lo que ratificó la confianza del pueblo en las autoridades del gobierno de Reconciliación Nacional y Unidad y el plan de desarrollo sostenible en marcha.

Para Estados Unidos, siempre a contrapelo de la historia, Nicaragua es otro de sus enemigos ideológicos en la parte sur del continente. Hace poco, el pequeño país centroamericano demostró una vez más su digna postura política al oponerse en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), —junto a otras naciones progresistas— a la aplicación de la llamada Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo aislacionista y de represalia a un país soberano.

Era de esperarse, por tanto, una reacción agresiva de Washington contra el gobierno nicaragüense, al igual que lo hace contra el de Nicolás Maduro y sus pares de Bolivia y El Salvador, —y antes contra Argentina, Ecuador, Brasil y Honduras— por mantener como principios la independencia y soberanía de sus pueblos.

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1 Comentario

Julián dijo:

Sigan con estas informaciones; son necesarias para entender muestra Historia y , sobre todo, las mañas de USnA

13 julio 2018 | 11:23 pm