Los campos de concentración de Donald Trump (Parte II y Final)

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Por Miguel Angel García Alzugaray

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Es cierto que el gobierno de Obama permitió y encubrió muchos abusos, que violó tanto el derecho internacional como la prohibición bajo la Octava Enmienda de la Constitución de EUA a “castigos crueles e inusuales”. Por ejemplo, en el 2014, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que estaría reduciendo drásticamente las inspecciones rutinarias de los centros de detención de inmigrantes. Más tarde, en el mismo año, el Gobierno de Obama ignoró una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información que presentó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) para investigar el abuso de menores.

Pero las condiciones están empeorando catastróficamente bajo el presidente Trump, quien ha promovido una cultura de aires fascistas entre los 20.000 efectivos de las fuerzas fronterizas.

Un inmigrante que pasó seis meses en un centro de detención en California durante el 2017 le dijo al WSWS, “Es muy difícil describir todas las condiciones inhumanas. Uno de mis compañeros de celda intentó ahorcarse en una escalera y otra persona se ahorcó en el baño”.

A lo largo del año 2017, el presidente Trump promulgó varias órdenes ejecutivas que afectaban a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Dos órdenes con fecha del 25 de enero pedían la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, permitían la devolución (refoulement) y un aumento de la detención de las personas solicitantes de asilo y sus familias, incrementaban tanto las funciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como el número de agentes, priorizaban la expulsión de personas migrantes (especialmente aquellas de las que se sospechaba que habían cometido delitos) y cancelaban la financiación de las “ciudades santuario” que no cooperaban con las autoridades federales para la detención de migrantes en situación irregular.

Una tercera orden ejecutiva promulgada el 27 de enero prohibía durante 90 días la entrada de personas extranjeras originarias de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, suspendía durante 120 días el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados, reducía de 110.000 a 50.000 el número de personas refugiadas aptas para ingresar en el país durante el año fiscal 2017, e imponía una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria.

Esa orden desató inmediatamente caos, protestas y recursos judiciales por discriminación hacia las personas musulmanas. Una semana más tarde, un juez federal dictó un auto que paralizaba temporalmente la orden en todo el ámbito nacional y que fue confirmado en apelación. El gobierno emitió el 6 de marzo una versión modificada de la orden con la que de nuevo suspendía el USRAP durante 120 días, reiteraba el límite de 50.000 personas refugiadas y prohibía durante 90 días el ingreso a EE.UU. de personas ciudadanas de seis países (los siete iniciales menos Irak). Unos jueces federales de los estados de Maryland y Hawai dictaron autos de alcance nacional que bloquearon temporalmente la implementación de la nueva versión de la orden.

El 26 de junio de 2017, la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de una versión limitada de la orden. También resolvió que la prohibición podía aplicarse a personas refugiadas que contaran con el apoyo de agencias de reasentamiento.

Una segunda revisión de la orden, firmada el 24 de septiembre, prohibía indefinidamente la inmigración a EE.UU. de personas provenientes de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen. Asimismo, prohibía la emisión de ciertos tipos de visados con fines distintos de la inmigración en favor de los ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria y Yemen, e impedía, específicamente, la emisión de visados para miembros de ciertas agencias estatales venezolanas y sus familiares.

El 17 de octubre, los jueces federales de Hawai y Maryland de nuevo dictaron resoluciones contra la medida e impidieron que el gobierno la aplicara a personas ciudadanas de seis de esos países. El 13 de noviembre, una corte federal de apelaciones permitió la aplicación de esa tercera versión de la prohibición a las personas sin vínculos legítimos con EE.UU.

El 24 de octubre, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para volver a poner en marcha el USRAP “con procedimientos mejorados de investigación de antecedentes”. El 4 de diciembre, la Corte Suprema concedió la petición del gobierno de que se permitiera temporalmente la aplicación completa de la última versión de la denominada “prohibición de entrada a los musulmanes” mientras continuaba el litigio al respecto.

Otra muestra del incremento de la represión contra los inmigrantes se evidenció el 16 de agosto, pues el Departamento de Seguridad Nacional federal puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos. Ese programa había permitido a personas menores de 21 años que huían de la violencia en Guatemala y Honduras, y cuyos progenitores residían en el país norteño en situación regular, solicitar entrevistas para su reasentamiento como personas refugiadas antes de viajar. El Programa también permitía solicitar la entrada a EE.UU. a los niños y las niñas de esos países que no podían optar a la condición de personas refugiadas y no tenían ninguna otra forma de reunirse con sus progenitores.

El 5 de septiembre, el gobierno anunció que pondría fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) si el Congreso no hallaba en un plazo de seis meses una solución legislativa a la situación migratoria de las personas amparadas por el programa. Ese anuncio puso en peligro de expulsión a más de 800.000 personas. El objetivo del programa DACA era proteger de la expulsión a jóvenes migrantes que habían llegado a Estados Unidos durante su infancia y cumplían ciertos criterios de admisibilidad. El Congreso presentó el proyecto de ley DREAM para facilitar a las personas beneficiarias del programa DACA una vía para regularizar su situación migratoria; al finalizar el año, aún no se había aprobado como ley.

Más de 17.000 menores no acompañados y 26.000 personas que viajaban con sus familias fueron retenidas tras cruzar de manera irregular la frontera con México entre enero y agosto. Las familias permanecían bajo custodia durante meses, muchas de ellas sin acceso adecuado a atención médica y asistencia letrada, mientras se procesaba su petición de permanecer en Estados Unidos.

 

Hace poco, Trump repitió la acusación racista de que los inmigrantes son “animales”, mientras que la secretaria de Educación, Betsy de DeVos manifestó que las escuelas deberían reportar a los niños a los agentes migratorios para ser deportados. El año pasado, el presidente estadounidense animó a la policía y a las autoridades migratorias a “tratar bruscamente” a los arrestados.

En la actualidad La CBP está acatando las órdenes de Trump al pie de la letra: un agente le disparó a una joven inmigrante en la cabeza, asesinándola en la frontera de Texas.

El Partido Demócrata apoya las medidas de “seguridad fronteriza” de Trump, votando recientemente a favor de presupuestar $2 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y $600 millones en fondos adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés). Los demócratas han buscado silenciar la oposición a las políticas antiinmigrantes de Trump para dedicar toda su atención a las acusaciones infundadas de que Trump está asociado con Rusia.

Las escasas referencias al reporte en la prensa corporativa han sido enterradas rápidamente, ignorando las evidencias de violaciones y abuso sexual de cientos, sino miles, de niños inmigrantes por parte del Gobierno estadounidense.

¿Cómo es posible que todo este horror ocurra en un país que alardea de ser el máximo defensor de los derechos humanos en el mundo?

La explicación es bien sencilla. Estados Unidos es el mayor fariseo de la historia, ya que entre otras argucias no ha firmado, adherido o ratificado numerosos tratados internacionales, claves en la ONU, en materia de protección a los derechos humanos, entre ellos, los convenios contra crímenes de guerra ni contra crímenes de lesa humanidad.

Tampoco ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; ni la convención sobre los derechos del niño ni contra la prostitución y pornografía infantil.

De acuerdo con fundados estudios, Estados Unidos es una de las naciones que menos garantiza la vida, la propiedad y la seguridad personal de sus habitantes, ya que cada año una de cada cinco personas es víctima de un crimen, la tasa más alta del planeta.

Las cifras de desempleo y miseria -otro atentado a los derechos humanos- han ido en aumento en EE.UU. La firma Marotta Wealth Management publicó un informe que revela que la tasa de personas sin trabajar en ese país alcanza el 41,2 %; mientras que la miseria está por encima de 22 %. El Departamento de Agricultura de EEUU dijo que uno de cada cinco hogares en EEUU, es decir, el 20% de las familias estadounidenses, sobrevivieron gracias a cupones de alimentos que encuentran en revistas, diarios y páginas web.

Además, los estadounidenses están sometidos a vigilancia constante por parte del Gobierno. En 2013, se conoció el uso de programas como Prism o Xkeyscore para el espionaje y recogida de datos de personas a través de celulares, correos electrónicos y hasta la interceptación de llamadas. Con estos datos, las agencias de inteligencia crean perfiles y registran el modo de vida, país de origen, edad, sexo, ingresos de los ciudadanos, violando su privacidad.

A estos crímenes se suman ataques contra libertades básicas. En ese país, manifestar en las calles puede ser penado con seis meses a 35 años de prisión. Asimismo se encarcela a quien amenace, vía redes sociales, al presidente.

Ese espionaje se extendió a nivel global. EE.UU. vigiló a gobiernos, ejércitos, sistemas financieros de diferentes países. Washington además ha sido el autor intelectual y material de intervenciones militares en diferentes países del mundo. Casi todas estas acciones se han llevado a cabo sin la aprobación de la ONU.

Los ataques en EE.UU. a los derechos de las mujeres y de las niñas son amplios y variados. La administración del presidente Trump revirtió políticas que requerían que las universidades investigaran la violencia sexual como discriminación por motivos de género y suspendió iniciativas de promoción de la igualdad salarial que ayudan a las mujeres a determinar si estaban recibiendo un sueldo más bajo que sus colegas varones.

Los ataques contra los derechos y la salud reproductivos de las mujeres fueron especialmente agresivos. El gobierno y el Congreso hicieron intentos reiterados de retirar la financiación de Planned Parenthood, una organización de salud que presta servicios vitales en materia de salud reproductiva y de otro tipo, especialmente a mujeres con ingresos bajos. El gobierno emitió normativas que eximían a los empleadores de brindar una cobertura de seguro médico que incluyera métodos anticonceptivos si eso chocaba con sus creencias religiosas o morales, lo cual dejó a millones de mujeres en peligro de perder su acceso a la contracepción. Persistían las fuertes desigualdades en el acceso de las mujeres indígenas a la atención tras una violación, incluido el acceso a exámenes médicos, equipos forenses para uso del personal médico y otros servicios esenciales de atención médica. El gobierno implementó asimismo la denominada “regla de la mordaza global”, que prohibía cualquier tipo de asistencia financiera estadounidense a hospitales u organizaciones que facilitaran información sobre abortos seguros y legales o proporcionaran acceso a éstos.

Lo que sucede hoy en los Estados Unidos con los menores inmigrantes, constituye una advertencia urgente para toda la clase obrera de ese país, independientemente de su estatus migratorio. En medio de una creciente ola huelguística de maestros y otros sectores de la clase trabajadora, junto con manifestaciones de estudiantes y jóvenes, estos métodos fascistas que vienen siendo utilizados contra “inmigrantes ilegales” en la frontera entre EUA y México y en los centros de detención del ICE, serán empleados de seguro para reprimir las “huelgas, las “manifestaciones ilegales” y cualquier otra acción que amenace la riqueza y los privilegios de la aristocracia financiera yanqui.

Como queda demostrado, el interés del gobierno norteamericano no atañe nunca a las condiciones de los pobres y oprimidos, sino a las abultadas cuentas bancarias de los dueños de las corporaciones multimillonarias, de las cuales, Donald Trump es el mejor exponente.

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