La responsabilidad de proteger (Parte II y Final)

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Por Miguel Angel García Alzugaray

intervencion humanitaria_calaveraEl final de la Guerra Fría comportó grandes cambios en las relaciones internacionales. Las denominadas “Nuevas Guerras” se caracterizan por ser conflictos intraestatales motivados por la descomposición o la debilidad de la figura del Estado en países que por diversas razones, quedan en la “mira” de los Estados Unidos y sus aliados.

Las “nuevas guerras” no solo son conflictos intraestatales con repercusión internacional, sino que además sus consecuencias pueden ir más allá de sus fronteras. La desestabilización de un Estado, su fragmentación o fallida protección representan una amenaza a la seguridad internacional, por lo que hay una implicación internacional en su desarrollo. Esta puede darse por motivaciones humanitarias o por los intereses generales de mantener la estabilidad dentro de los Estados. Estas nuevas guerras reabren el debate sobre la guerra justa y es aquí donde entra la cuestión de la aplicación práctica de la responsabilidad de proteger.

Desde la década de los noventa, este fenómeno se ha manifestado como uno de los principales focos de inseguridad y de inestabilidad para el orden internacional.

Hay una gran variedad de actores internacionales que inciden en estos conflictos:  la geopolítica imperialista de los Estados Unidos, vendedores de armas, compradores de productos ilícitos, antiguas potencias coloniales que envían sus fuerzas, Estados vecinos que reciben refugiados, terroristas, grupos armados, grupos de crimen organizado. etc.

La genocida intervención en Libia supuso el primer caso en el que el Consejo de Seguridad ha aplicado la doctrina de la responsabilidad de proteger para autorizar una intervención militar con fines de protección humana, a pesar de no explicitarlo en el mandato de la resolución.

El conflicto reabrió el aparentemente eterno debate sobre la intervención con fines humanitarios. A pesar de contar con la legalidad formal, esta criminal intervención puso de manifiesto la instrumentalización de Naciones Unidas por parte de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN que en su deseo de apoderarse del petróleo de ese país, sólo han conseguido llevar a Libia a un estado de caos, ingobernabilidad, destrucción y violaciones masivas de los derechos humanos.

Lo que hoy sucede en Irak, Libia y Siria es un rotundo desmentido para quienes creen que el colonialismo es cosa del pasado. En 2001, Estados Unidos decidió –a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre– atacar esos 3 países… y otros más. Y si hubo que esperar 10 años para asistir al inicio de las guerras contra Trípoli y Damasco, fue porque había que privar previamente a esos Estados de sus posibilidades de defenderse y crear coaliciones internacionales para disfrazar las agresiones coloniales de «operaciones humanitarias».

El uso politizado de estos conflictos, parece mostrar que el derecho nternacional no recae sobre las grandes potencias, de manera que pueden actuar tanto de forma unilateral como utilizando a la ONU para legitimar su política exterior.

Al participar en un diálogo sobre el tema en la Asamblea General de la ONU, el reconocido académico estadounidense afirmó que “para que este concepto funcionara haría falta un Consejo de Seguridad de la ONU que actuara como árbitro neutral.

“Y sencillamente no lo es. El Consejo es controlado por sus cinco miembros permanentes, que están muy lejos de ser iguales en términos de autoridad operativa”

Indicó que, según el deseo de la mayor parte de los estadounidenses, su gobierno debería escuchar la voluntad de sus ciudadanos y la ONU, no Estados Unidos, debería tener el liderazgo al abordar las crisis internacionales. Sin embargo, esto iría contra los intereses de quienes detentan el poder, una idea tan “impensable” como otorgar protección a quienes la necesitan desesperadamente pero que no se encuentran en la lista de los poderosos.

Las intervenciones “protectoras” de la OTAN no se preocupan solo de los pueblos sufrientes. El anterior Secretario General anunció en 2007 que las tropas aliadas deberían proteger los conductos que transportan crudo y gas hacia los países occidentales y otros elementos de la infraestructura del sistema energético. Para Chomsky, esto “abre la puerta para servirse del derecho de protección como arma de intervención imperial, según convenga”.

Nadie piensa hoy en la UE en proteger al sufrido pueblo palestino de Gaza de las genocidas agresiones israelíes, lo que es también una responsabilidad de Naciones Unidas (según las Convenciones de Ginebra), junto con otros pueblos que carecen de los derechos humanos fundamentales.

La postura de América Latina

Conscientes de que la responsabilidad de proteger se trata de una herramienta que le da a los países poderosos una ventana de oportunidad para usar la fuerza a su propia discreción, principalmente cuando se trata de la responsabilidad de reaccionar, la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han mostrado reiteradamente   su clara preferencia por la utilización de los mecanismos de seguridad colectiva previstos en la Carta de las Naciones Unidas y, consecuentemente, su renuencia a aceptar que la Responsabilidad de Proteger sea ejercida unilateralmente por un Estado, una coalición de Estados o un organismo regional sin la autorización expresa del Consejo de Seguridad.

Asimismo, la mayoría de los países latinoamericanos ha manifestado que el Consejo de Seguridad ya cuenta con el marco jurídico y los instrumentos necesarios para poner en práctica esa responsabilidad de reaccionar a violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Lo que se requiere es la voluntad de sus Estados Miembros del CSONU y, en particular, del P5 para el ejercicio de una manera eficaz y legítima de esa responsabilidad subsidiaria impuesta a la comunidad internacional en su conjunto.

América Latina es una región que ha sufrido una larga historia de violaciones de los derechos humanos, intervenciones extranjeras e inestabilidad política. Las últimas décadas exhibieron un cambio significativo a través de la

recuperación de la democracia, el desarrollo de instituciones y gobiernos de izquierda, la creación de organizaciones regionales como  la CELAC el ALBA, CARICOM que no se pliegan al mandato norteamericano en su defensa de la soberanía nacional.

Esto es principalmente debido a razones históricas, que demuestran que el intervencionismo ha sido utilizado como un instrumento de la política exterior en América Latina, principalmente por los Estados Unidos; pero también hay muchos otros ejemplos de intervenciones extranjeras por parte de las potencias coloniales como el caso de Inglaterra en las Malvinas.

En particular, los Estados miembros del ALBA parten de la concepción “anti-imperialista”, que por ende busca reforzar el principio de la no intervención, rechazando cualquier forma de injerencia externa. Se percibe con razones fundadas a los Estados Unidos como “el enemigo” de la soberanía nacional, un valor primordial de esta postura, y se considera a la RdP como un instrumento encubierto del hegemón que busca intervenir en la región para proteger o imponer sus propios intereses.

El principio de no intervención es por tanto la piedra basal sobre la que se asienta el marco de relaciones internacionales de los países de la región que sostienen que “la doctrina de la intervención humanitaria es incompatible con las Cartas de las Naciones Unidas.

Esta posición quedó firmemente refrendada en la histórica Proclama de la CELAC sobre América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en La Habana , Cuba,el 29 de enero del 2014 durante la Cumbre de Jefes de Estados y Gobiernos de la región.

Cuba condena resueltamente la injerencia imperialista

En lo que respecta a nuestro país, el concepto de Soberanía Nacional está indisolublemente relacionado a su lucha por la independencia. El origen o los antecedentes de las intenciones norteamericanas sobre Cuba están presentes desde la etapa del nacimiento de la nación norteamericana que es anterior al surgimiento de la nación cubana. Estas intenciones, desde entonces, estaban asociadas a impedirnos llegar a ser una nación. La pretensión de dominar a Cuba se convirtió en doctrina y práctica de las diferentes administraciones norteamericanas.

Este principio como el de no intervención tienen su fundamento en la Constitución de la República, los principios éticos que sustentaron el origen de la nación, el respeto al Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y son garantizados por el Estado, con la participación activa del pueblo bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, a través del ejercicio de las funciones y atribuciones que les confiere la ley y otras disposiciones legales.

En el complejo escenario internacional, caracterizado por la hegemónica actuación unilateral de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, con absoluto desconocimiento de las leyes y organismos internacionales, unido a la adopción de nuevas concepciones de seguridad y defensa, bajo la justificación del enfrentamiento al “terrorismo, se incrementan los riesgos y amenazas de la aplicación unilateral o infundada de instrumentos manipulables como el de la responsabilidad de proteger, que intentan legitimizar bajo diferentes pretextos.

Al respecto, nuestro Gobierno Revolucionario desde muy temprano fijó con claridad su posición sobre los intentos de entronizar en el Derecho Internacional esta controvertida institución.

“Conocemos las buenas intenciones que animan a varios de los Estados que promueven el establecimiento de la Responsabilidad de Proteger como una norma del Derecho Internacional.

Al mismo tiempo, no pueden ser ignoradas las numerosas preocupaciones legítimas que esta cuestión suscita. Existe el peligro real de que la Responsabilidad de Proteger termine siendo manipulada por intervencionistas encubiertos, que buscan justificar de diferentes maneras la injerencia y el uso de la fuerza.

No estamos llamando a la comunidad internacional ni a las Naciones Unidas a contemplar impasibles e inactivas el genocidio y otros crímenes. Por el contrario, Cuba ha sido y será siempre, en las Naciones Unidas y fuera de esta, un firme defensor de la necesidad de atender con urgencia los graves problemas que aquejan a millones de seres humanos en el mundo.

Estamos convencidos de que ello sólo será posible mediante el establecimiento de un orden internacional basado en la solidaridad, justicia social, equidad y respeto a los derechos de los pueblos y de cada ser humano.

La historia demuestra con elocuencia que la paz, la estabilidad y el desarrollo, no pueden imponerse por la fuerza ni por la guerra y que las operaciones militares no llevan a soluciones perdurables.

Los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, deben ser defendidos, porque sin ellos las Naciones Unidas no pueden subsistir, y las naciones pequeñas y débiles serán abandonadas a merced de las grandes y fuertes.

Cuba se opone y se opondrá rotundamente a toda acción de fuerza que no se corresponda con las disposiciones de la Carta, para la que no puede haber justificación alguna. El orden internacional actual, injusto y profundamente desigual, no puede ser sucedido por uno más primitivo, basado en la reinterpretación de la Carta y el Derecho Internacional.

De conformidad con estos Principios, el Gobierno cubano expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno sirios, por el reciente ataque lanzado en su contra por los Estados Unidos. La cancillería de la isla señaló que la agresión constituye un atropello contra un Estado soberano y una flagrante violación de la Carta de la ONU

Cuba condenó el ataque perpetrado por Estados Unidos y varios de sus aliados contra instalaciones militares y civiles de Siria utilizando como pretexto el supuesto empleo de armas químicas por parte del Gobierno sirio.

Según una nota publicada en el sitio web de la cancillería cubana, ‘esta acción unilateral, al margen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituye una flagrante violación de los principios del Derecho Internacional y de la Carta de esa organización’.

El texto agrega que la agresión ‘constituye un atropello contra un Estado soberano, que agudiza el conflicto en el país y en la región’.

Asimismo, recuerda que Estados Unidos atacó a Siria sin que se haya demostrado la utilización de armas químicas por parte del Gobierno de ese país.

Además, el Gobierno cubano expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno sirios por las pérdidas de vidas y daños materiales como consecuencia de un ataque que calificó de atroz.

 

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1 Comentario

Gregorio. Pérez Almeida dijo:

La pregunta que surge desde los hechos históricos que muestran el desapego de los ESTADOS Unidos y sus socios imperialistas frente a la soberanía de las naciones, es si en verdad existió algo tangible como el derecho positivo que pueda llamarse internacional.

19 abril 2018 | 08:03 pm