GUAIDÓ “CONTRATA” A UN SICARIO ECONÓMICO PARA LA DEUDA VENEZOLANA

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Franco Vielma

Juan Guiadó anunció el lunes pasado que había autorizado la contratación del experto Lee Buchheit, para asesorar la “reestructuración y refinanciamiento” de la deuda pública externa de Venezuela. El anuncio ocurrió al margen la legalidad venezolana, ya que Guaidó no posee control ejecutivo de las instituciones venezolanas, mientras intenta usurpar funciones que no le corresponden.

EL USO DISCRECIONAL DE LOS RECURSOS RETENIDOS A LA NACIÓN

Hace un par de semanas el parlamento de Venezuela en desacato y en nulidad de sus actos, “aprobó” que el gobierno artificial de Juan Guaidó hiciera uso de los recursos congelados a la nación por orden del Departamento del Tesoro estadounidense, para cumplir con el pago de intereses del bono PDVSA 2020 a beneficio de sus acreedores, buena parte de ellos ubicados en suelo estadounidense.

La contratación de Lee Buchheit, un conocidísimo renegociador de deuda, viene de la mano con la intención de continuar el proceso de uso y empleo a discrecionalidad sobre los recursos financieros confiscados ilegalmente a Venezuela.

Luego de constantes referencias que legitimaban el congelamiento de los activos venezolanos supuestamente para salvaguardarlos y destinarlos a un buen uso en beneficio de la población y para “superar la crisis humanitaria”, el gobierno paralelo ha preferido ahora orientarlos a favor de bonistas y acreedores.

Para ello programan un proceso de “reestructuración y refinanciamiento” de la deuda venezolana, sin más respaldo que los propios activos congelados a la nación en el extranjero, que van desde recursos financieros por casi 6 mil millones de dólares, además de la empresa venezolana CITGO Petroleum, en suelo estadounidense, con un valor cercano a los 8 mil millones de dólares.

GUAIDÓ PIDE AYUDA A UN SICARIO ECONÓMICO

En teoría, Lee Buchheit ha aceptado la asesoría de forma ad honorem y prestará sus servicios bajo los auspicios del “International Advisory and Dispute Resolution Unit” (unidad de asesoría internacional y de resolución de disputas). No obstante, el prontuario de Buchheit es de los más amplios en el manejo de deudas soberanas y sus experiencias anteriores causan sospecha.

Buchheit fue el renegociador de la deuda soberana más grande (en relación al PIB del país) conocida en la historia, la deuda griega en el año 2012, por un monto neto de más de 200 mil millones de dólares. Fue artífice de la disolución de hecho del Estado griego y la confiscación de su política nacional frente a la Eurozona y el Banco Europeo.

Mediante un severo ajuste con los acreedores de la deuda griega, siendo ese el cenit para la implementación de nuevos paquetes de austeridad y endeudamiento entre la nación helena con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se impusieron políticas neoliberales draconianas que al día de hoy siguen profundizándose en dicho país.

Dicho abogado tuvo también el rol exacto de actuar como “abogado del diablo” justo luego de la invasión a Irak en el año 2003, para asumir la renegociación de su deuda soberana en el período 2005-2008.

Irak, asediada y bloqueada militar y financieramente desde 1990, fue objeto de demandas por haber caído en impagos durante los últimos años del gobierno de Saddam Hussein por una cuantía superior a los 140 mil millones de dólares. Buchheit hizo “los buenos oficios” para establecer los nuevos términos de endeudamiento y pago en la destruida y ocupada nación, mediante acuerdos a beneficio de los acreedores y a expensas de enormes penurias de la población iraquí con deudas que están en vigor al día de hoy.

Buchheit reapareció luego en América Latina, concretamente en Argentina, justo en el auge de un nuevo gobierno neoliberal en la nación austral a cargo de Mauricio Macri.

Como es sabido, el gobierno de Macri dio al traste con las políticas de gestión de deuda que había sido emprendido en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Macri trajo de vuelta a los fondos buitres e inició un proceso de renegociación de la deuda, marcado por la polémica y por el regreso a condiciones de beneficio a los capitales de riesgo (capitales buitre), a costa de nuevos daños a la población del país sudamericano por nuevas medidas de ajuste.

En el año 2016, Lee Buchheit asesoró las gestiones del secretario de finanzas, Luis Caputo, para apuntalar las formas de reestructuración y refinanciamiento de la deuda argentina, asunto que evolucionó como factor indispensable de un nuevo desbarajuste en la economía  y su colocación, nuevamente de rodillas, ante el FMI, mediante un nuevo endeudamiento adquirido en el año 2018 por el gobierno de Macri.

GUERRA CONTRA LA SOBERANÍA

Uno de los elementos más significativos que implica el llamado a Lee Buchheit por parte de Juan Guaidó, está en el hecho de que por parte de la “Administración Guaidó” no hay ejercicio real del poder que respalde o legitime la conducción de la deuda venezolana con sus acreedores extranjeros.

No hay gobierno de hecho ni de derecho ejercido por Juan Guaidó. Esta reestructuración de la deuda venezolana reviste en el significado de dar forma al gobierno artificial de Guaidó y ese es su propósito político de fondo.

No obstante puertas afuera de Venezuela, este proceso reviste otros propósitos claros, que beneficiarán exclusivamente a los acreedores de la deuda venezolana mediante el eventual pago de intereses y capital, con dinero congelado a la nación y que había sido colocado en agencias financieras con el propósito de adquirir alimentos y medicinas por parte del Estado venezolano.

La decisión de Guaidó de asumir acciones de “jefe de Estado”, pero fuera de Venezuela, produce una colusión profunda en la institucionalidad venezolana. Según la Constitución venezolana, ni la “presidencia interina” de Guaidó, en caso de que realmente existiera, está facultada para manejar la deuda externa, como tampoco el parlamento venezolano, instancia que en teoría, legitimará las “buenas gestiones” de Lee Buchheit.

Por otro lado, de consumarse estos actos, concurriría la eventual vulneración de la soberanía venezolana, camuflando mediante ello una potencial confiscación de hecho de los activos venezolanos en el extranjero, al disponerlos para el pago a los acreedores de la deuda nacional. Sin descartar además, el “refinanciamiento” de la deuda venezolana, mediante mecanismos espurios para el país, como el que tendría lugar si el “gobierno” de Guaidó asume negociar con el FMI, con los cuales en efecto, ya se han dado conversaciones.

En 2018, el Ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, declaró hacer gestiones para un rescate del FMI a Venezuela por 60 mil millones de dólares. En enero de este año la agencia de noticias Reuters informó que el equipo de Juan Guaidó en EEUU estaría gestionando un préstamo al FMI para “financiar a su gobierno interino”.

Las acciones de Guaidó también dan al traste con la política soberana del gobierno del presidente Nicolás Maduro tomada en el año 2017, de renegociar y reestructurar la deuda venezolana, una vez fueron impuestas nuevas condiciones mediante las sanciones que emitió la Casa Blanca mediante la Orden Ejecutiva de agosto de ese año, en la cual Venezuela quedó vetada del mercado internacional de bonos y deuda.

Las acciones de Washington en agosto de 2017 expulsaron a Venezuela del sistema financiero internacional e inhabilitaron al país de emitir deuda con propósitos de refinanciar la deuda adquirida en años anteriores, así como de emplear la banca extranjera.

Tales circunstancias, impusieron al gobierno venezolano la obligación de establecer un default selectivo sobre ciertos bonos, en detrimento de los acreedores y para contener el menoscabo contra la población venezolana, que ha sufrido en los últimos dos años, los coletazos más severos del asedio económico orquestado por la Administración Trump.

Las gestiones de Guaidó en ese sentido, van entonces en la dirección opuesta a la de Maduro, creándose un precedente inédito en la disposición y uso de los recursos venezolanos mediante el montaje de un gobierno paralelo, que usará el dinero para medicinas y alimentos, congelados por Washington, para pagar beneficios a fondos y tenedores foráneos.

Misión Verdad

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