Estadísticas contra la paz

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Por Granma

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Al comenzar el 2018 los reportes de asesinatos de líderes sociales y sindicales en Colombia eran alarmantes, pero transcurrido el primer semestre apuntan a una masacre que ensombrece y amenaza el proceso de paz, pues ya suman 440 las víctimas mortales en todo el territorio nacional desde la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla.

En febrero pasado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció que cada cuatro días han asesinado a un líder sindical en diferentes regiones del país, pero el promedio se mantiene o ha empeorado en los últimos meses.

El presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, ratificó que estos crímenes ocurridos en extrañas circunstancias son investigados por las autoridades, quedando a la espera que se conozcan los verdaderos autores, como también de las amenazas que registran otros dirigentes en distintas ciudades del país.

«Nosotros tenemos reportado ante la Organización Internacional del Trabajo y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hemos denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo», explicó.

En 30 años de existencia de la CUT suman más de 1 147 sindicalistas asesinados, y lo peor, estos crímenes están en el 99 % de los casos en la absoluta impunidad. «No hay investigaciones en curso ni asesinos identificados, tampoco sanciones», dijo el Presidente de la CUT.

«En el 2017 nos asesinaron 37 y en lo que va corrido de este año 2018 –mediados de febrero– ya tenemos muertos 12 sindicalistas, aquí, hay un genocidio contra la Central Unitaria (…) Lo que se quiere  es una protección a las vidas, nosotros no sabemos si nos protegen o nos persiguen, aquí cada movimiento que damos nosotros lo sabe el Estado colombiano, se presume que la dirigencia sindical y social tiene una independencia absoluta, eso no es proteger, eso es perseguir», anotó Pedraza.

Según la CUT, las amenazas a los líderes sindicales han estado enfocadas en los dirigentes del sector petrolero, el magisterio y el agrario, lo que prende las alarmas al estar ubicados en zonas rurales donde la seguridad es muy deficiente.

El pasado año un informe de la Defensoría del Pueblo titulado «Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos», reveló que entre el 1ro. de enero del 2016 y el 1ro. de marzo del 2017 fueron asesinados 156 líderes populares, se produjeron cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentados contra esas categorías de personas.

De acuerdo con el informe, una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las guerrillas de las FARC en cumplimiento de la aplicación del acuerdo de paz.

El objetivo de esos grupos es «controlar las economías ilegales que han sido el combustible» del conflicto armado colombiano, agregó.

CONDICIONES DE GENERALIDAD

La información de la Defensoría revela que estos homicidios, atentados contra la vida e integridad personal y amenazas, se dirigen contra un grupo que comparte características semejantes. Estas violaciones de los derechos humanos se han presentado en la misma zona geográfica y espacio temporal, elementos todos ellos que permiten concluir a la entidad que existen «condiciones de generalidad».

El pasado 4 de julio, la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia actualizaba que en los últimos 20 meses han sido asesinados 153 líderes sociales: seis entre noviembre y diciembre del 2016, tras la firma de la paz, 102 en el 2017 y 45 entre enero y junio del 2018. A esas estadísticas se suman 400 casos entre amenazas y atentados contra personas que reclaman la restitución de tierras y piden la verdad, que querían participar en política o líderes comunales que se oponen a las economías ilegales. Esas son algunas de las víctimas.

La Fundación denunció que no existe una estrategia para proteger a esos líderes en por lo menos 78 municipios, donde están a merced de la violencia y falta un modelo de seguridad y justicia rural, fundamentalmente en los territorios más afectados: Antioquia, Córdoba, Cauca, Nariño y Caquetá.

Coincidentemente con estas denuncias, Luis González, director nacional de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía colombiana, afirmó que la lista en su poder es aún más elevada y registra a 178 asesinados, pero según él hay una respuesta efectiva en materia de justicia, con un esclarecimiento de alrededor del 50 % de los hechos.

Un reporte de la corresponsal de Telesur en Bogotá sobre los avances y desafíos de la implementación de los acuerdos aportó el dato de 440 líderes fallecidos en todo el territorio colombiano en los dos años transcurridos desde la importante firma, con lo que el promedio es aún más preocupante pues sería de un asesinato cada dos días, lo que acorta la frecuencia de esos crímenes.

Las noticias de asesinatos de líderes sociales, sindicalistas, indígenas, exguerrilleros, educadores y otros activistas de derechos humanos son casi diarias, siembran dudas, desconfianza e inseguridad en el país sudamericano.

La Organización de Naciones Unidas ha insistido en el respeto al acuerdo de paz y mostrado preocupación por el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia, y fue un punto recurrente en la recién concluida XXIV Reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana, que expresó un apoyo rotundo al camino del diálogo y la paz.

Es, asimismo, una preocupación global ante la llegada de un gobierno con posiciones tendentes a crear situaciones aún más complejas y de más víctimas, en un país que Washington trata de utilizar como punta de lanza contra Venezuela y otros objetivos en nuestra América, para lo que sigue utilizando y poniendo a punto seis bases militares, el despliegue de los sospechosos cascos blancos a lo largo de sus fronteras, grupos paramilitares, mercenarios, contrarrevolucionarios y fuerzas de operaciones especiales de sus servicios de inteligencia, incluidos cientos de oficiales y agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), colombianos y extranjeros.

Uno de los mayores retos que tendrá el nuevo gobierno del presidente electo, Iván Duque, será detener los asesinatos sistemáticos de líderes sociales, una demanda del pueblo colombiano a dos años de los acuerdos de paz.

EN CONTEXTO

– 90 países se pronunciaron recientemente con preocupación acerca del tema en la discusión del Informe de este país ante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.

– Existen 4 000 líderes sociales que reciben diferentes medidas de protección: el 60 % de los mismos se desenvuelve en zonas rurales.

– Según el gobierno nacional, ya se inició un plan para la protección de los líderes sociales, que cobija las zonas de más alta tensión del país sudamericano: Catatumbo, Pacífico nariñense y Bajo Cauca antioqueño.

– Los conflictos por tierra, territorio y recursos humanos representan el 83,19 % de los homicidios en lo que va del 2018; los relacionados con los cultivos de coca, los pactos de sustitución o erradicación forzada, ascienden al 13 % de las víctimas.

– Perfil de las personas asesinadas: líderes comunales, comunitarios, indígenas; la mayoría de ellos dedicados a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierras y de retornos, promoción de derechos humanos y respeto del agua. Otros laboraban previniendo el reclutamiento por parte del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo.

– Dos de los casos más conocidos recientemente: Ana María Cortés, líder comunitaria de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño y secretaria de la campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro. Y el asesinato de Luis Barrios, líder comunitario en el departamento de Atlántico, quien había denunciado bandas de microtráfico en su región.

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