El mayor violador de los derechos humanos en el mundo (Parte II y Final)

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Por Miguel Angel García Alzugaray

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Todo indica que la situación de los derechos humanos en los EE.UU. parece estar empeorando bajo el gobierno de Donald Trump.

Así por ejemplo, los ataques a los derechos de las mujeres y de las niñas son amplios y variados. La administración Trump revirtió políticas que requerían que las universidades investigaran la violencia sexual como discriminación por motivos de género y suspendió iniciativas de promoción de la igualdad salarial que ayudaban a las mujeres a determinar si estaban recibiendo un sueldo más bajo que sus colegas varones.

Los ataques contra los derechos y la salud reproductivos de las mujeres son especialmente agresivos. El gobierno y el Congreso hicieron intentos reiterados de retirar la financiación de Planned Parenthood, una organización especializada en servicios vitales en materia de salud reproductiva y de otro tipo, fundamentalmente a mujeres con ingresos bajos. El gobierno emitió normativas que eximen a los empleadores de brindar una cobertura de seguro médico que incluye métodos anticonceptivos si eso choca con sus creencias religiosas o morales, lo cual dejó a millones de mujeres en peligro de perder su acceso a la contracepción. Persisten las fuertes desigualdades en el acceso de las mujeres indígenas a la atención tras una violación, incluido el acceso a exámenes médicos, equipos forenses para uso del personal médico y otros servicios esenciales de atención médica.

El gobierno implementó asimismo la denominada “regla de la mordaza global”, que prohíbe cualquier tipo de asistencia financiera estadounidense a hospitales u organizaciones que faciliten información sobre abortos seguros y legales o proporcionaran acceso a éstos.

Los asesinatos de personas LGBTI se incrementaron durante el año en un marco de discriminación. Estados Unidos carece aún de protección federal alguna que prohíba la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el lugar de trabajo, la vivienda o la atención de salud. Las personas transgénero siguen viéndose particularmente marginadas. La administración del presidente Trump revocó directrices que protegían a alumnos y alumnas transgénero de colegios públicos que empleaban las instalaciones correspondientes a su identidad de género. En agosto pasado, el presidente Trump ordenó la revocación de la política anunciada en 2016 que permitía que las personas abiertamente transgénero se alistaran en las fuerzas armadas, cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de enero de 2018. El 30 de octubre, una jueza federal emitió una orden temporal que bloqueaba la implementación de esa directiva. En diciembre, la jueza resolvió que las personas transgénero podrían alistarse en las fuerzas armadas a partir del 1 de enero de 2018; las causas seguían tramitándose.

Seguridad y medidas antiterroristas

El 28 de noviembre del 2017, un jurado federal de Washington DC declaró culpable al ciudadano libio Ahmed Abu Khatallah de cargos de terrorismo relacionados con un ataque a un complejo diplomático estadounidense en Bengasi, Libia, perpetrado en 2012, en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses. El jurado lo absolvió de asesinato. En agosto, el juez había resuelto que podía admitirse como prueba cualquier declaración realizada por Abu Khatallah durante las dos semanas que éste estuvo recluido en régimen de incomunicación en un buque militar estadounidense, tras haber sido capturado por fuerzas de Estados Unidos en Libia. El 29 de octubre, las fuerzas estadounidenses capturaron a otro ciudadano libio, Mustafa al Imam, en Libia. Fue trasladado en avión a Estados Unidos y compareció ante una corte federal el 3 de noviembre, tras cinco días en régimen de incomunicación. Al finalizar el año, afrontaba un juicio por delitos de terrorismo relacionados con el ataque de Bengasi.

Tras un atentado cometido en Nueva York el 31 de octubre en el que murieron 8 personas y 12 resultaron heridas, el ciudadano uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov fue acusado formalmente e iba a ser juzgado por una corte federal, pese a la petición de dos veteranos senadores de que fuera transferido a la custodia militar como “combatiente enemigo” y a los comentarios del presidente Trump de que se plantearía enviarlo a Guantánamo. El presidente Trump hizo caso omiso de la presunción de inocencia en una serie de publicaciones en Twitter en las que pidió la pena de muerte para Sayfullo Saipov.

En enero del 2017, todavía bajo la administración del presidente Barack Obama, 18 detenidos fueron trasladados desde el centro de reclusión de Guantánamo a Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los 41 detenidos de Guantánamo restantes estaban recluidos sin cargos ni juicio. Antes de las elecciones, el presidente Trump había prometido mantener abierto el centro de detención e incrementar la cifra de detenidos allí recluidos; durante el año no hubo más traslados de detenidos con origen o destino en Guantánamo.

La negativa, en octubre, de la Corte Suprema a considerar dos impugnaciones jurisdiccionales permitió que continuaran los procedimientos ante comisiones militares en Guantánamo, en contravención de las normas internacionales sobre juicios justos.

En octubre, una comisión militar condenó a 13 años de prisión al ciudadano saudí Ahmed Mohammed Ahmed Haza al Darbi, que se había declarado culpable en 2014 de conspiración, terrorismo y otros delitos. Había sido detenido en Azerbaiyán en junio de 2002 y entregado a agentes estadounidenses dos meses después.

Tortura y otros malos tratos

En una entrevista el 25 de enero, el presidente Trump expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla. No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El presidente Trump propuso para altos cargos gubernamentales al menos a tres personas que presuntamente habían estado implicadas en el programa de detención secreta: Gina Haspel, seleccionada en febrero para el cargo de subdirectora de la CIA ( recientemente designada Directora de esa agencia); Steven Bradbury, propuesto para el cargo de asesor jurídico general del Departamento de Transporte; y Steven Engel, propuesto para dirigir la Oficina de Asesoramiento Jurídico (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia. Se creía que Haspel era jefa del personal de la CIA en Tailandia en 2002, cuando la Agencia administraba un “lugar negro” en el que al menos dos detenidos fueron sometidos a tortura y desaparición forzada. Más tarde, Haspel fue jefa de gabinete del director del Centro contra el Terrorismo, la división de la CIA que gestionaba el programa de detención secreta. Como fiscal general adjunto en funciones en la OLC entre 2005 y 2009, Steven Bradbury escribió varios memorandos para la CIA en los que daba aprobación legal a métodos de interrogatorio y condiciones de detención que incumplían la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos. Como vicefiscal general adjunto en la OLC en 2007, Steven Engel también intervino en la redacción de uno de esos memorandos. El 7 de noviembre, el Senado ratificó su nombramiento por 51 votos contra 47. El 14 de noviembre, por 50 votos contra 47, el Senado ratificó el nombramiento de Bradbury. El nombramiento de Haspel no requería confirmación del Senado.

El 5 de septiembre debía comenzar un juicio civil con jurado contra James Mitchell y John “Bruce” Jessen, dos psicólogos contratados por la CIA que tuvieron una implicación destacada en el programa de detención. Sin embargo, en agosto se alcanzó un acuerdo extrajudicial.

El 19 de junio, la Corte Suprema dictó sentencia en una causa seguida contra ex altos cargos del gobierno estadounidense a instancias de varias personas de ascendencia árabe o sudasiática detenidas, como centenares de extranjeros más, en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras los atentados, los detenidos permanecieron recluidos en duras condiciones durante meses y denunciaron diversos abusos. La Corte Suprema señaló que, si las acusaciones eran ciertas, lo ocurrido a los detenidos había sido “trágico” y que “nada en esta opinión debía interpretarse como una justificación del trato al que afirmaban haber sido sometidos”. Sin embargo, resolvió que la causa básicamente no podía avanzar, manteniendo así la constante de bloqueo de los recursos judiciales en casos relativos a violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha antiterrorista desde los atentados de 2001.

Uso excesivo de la fuerza

Las autoridades siguen sin registrar la cifra exacta de personas muertas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley en todo Estados Unidos. Los datos recabados por el diario The Washington Post apuntaban que un total de 987 personas habían muerto durante el año a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley que emplearon armas de fuego. Según esos datos, las personas afroamericanas, que constituyen un 13% de la población, representan casi el 23% de las víctimas en 2017. Se tenía constancia de que un 24% de las víctimas mortales tenían problemas de salud mental. El Departamento de Justicia había presentado una propuesta para crear un sistema de seguimiento de esas muertes en virtud de la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, pero la medida no era obligatoria para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que podría ocurrir que el número de casos registrados fuera inferior al real. No se difundió información sobre si el proceso de registro se había puesto en marcha durante el año.

Al menos 40 personas murieron en 25 estados tras recibir el impacto de proyectiles de armas de electrochoque accionadas por la policía, con lo que el total de víctimas fallecidas en esas circunstancias desde 2001 se elevó al menos a 802. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó contra ellas el arma de electrochoque.

En septiembre, la absolución de un ex agente de policía de la muerte por disparos de Anthony Lamar Smith en 2011 provocó semanas de protestas en toda la ciudad de St. Louis, Misuri, y derivó en cientos de detenciones. Las organizaciones locales de derechos civiles afirmaron que la policía había llevado a cabo detenciones ilegítimas y que el uso de sustancias químicas irritantes por parte de los agentes constituía un uso excesivo de la fuerza. La policía de St. Louis empleó durante las manifestaciones material antidisturbios pesado y armas y equipos de uso militar.

En agosto, el presidente Trump anuló las restricciones impuestas por el gobierno anterior para limitar la transferencia de ciertos equipos de uso militar a organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Violencia con armas de fuego

En octubre del 2017, un hombre atacó a una multitud de asistentes a un concierto en Las Vegas, Nevada, y mató a 58 personas empleando accesorios que modifican las armas de fuego para permitir disparos rápidos como los de las armas completamente automáticas. En respuesta a la masacre, el Congreso estudió legislación y normas para prohibir esos dispositivos, pero las medidas no llegaron a promulgarse. En noviembre, el Congreso introdujo una ley aparte para prevenir la violencia por armas de fuego, pero no la aprobó.

Al finalizar el año seguían pendientes dos leyes federales que, de aprobarse, facilitarían la obtención de silenciadores por parte de la población y la posibilidad de portar armas ocultas.

La legislación vigente desde 1996 seguía negando financiación al Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o patrocinara una investigación sobre las causas y las formas de prevención de la violencia con armas de fuego.

La administración del presidente Trump se planteaba suavizar las restricciones para la exportación de armas pequeñas, incluidos fusiles de asalto y municiones, mediante el traspaso de la responsabilidad de tramitar las ventas internacionales de armas de fuego no militares del Departamento de Estado al Departamento de Comercio. Esa medida debilitaría gravemente la supervisión de las ventas de armas y entrañaba el peligro de incrementar la afluencia de armas de fuego a países con altos niveles de violencia armada.

En febrero de este año, un ex alumno mató a 17 personas en un tiroteo en un instituto de Florida. El tirador, expulsado por indisciplina del centro, solitario y obsesionado con las armas, lanzó bombas de humo, disparó con un fusil de asalto y fue detenido fuera de la escuela. Este hecho que causó consternación a nivel internacional, reavivó en los EEUU la lucha popular por el control de armas de fuego, pero el gobierno de Donald Trump, sobornado por la pderosa Asociación Nacional del Rifle, sigue haciéndose el sordo.

Hace solo unos días hubo al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela de Texas. El de Texas es el tiroteo número 22 en colegios de EE UU en lo que va del año.

Pena de muerte

Veintitrés hombres fueron ejecutados en ocho estados, lo que elevó a 1.465 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Se impusieron alrededor de 39 nuevas condenas a muerte. Al final del año 2017había aproximadamente 2.800 personas pendientes de ejecución.

Arkansas llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde 2005. Ohio reanudó las ejecuciones tras una interrupción de más de tres años. Florida llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde enero de 2016, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley del estado sobre la pena capital. La decisión de la Corte Suprema de Florida de que esa resolución sólo era aplicable retroactivamente a alrededor de la mitad de las personas condenadas a muerte permitió que el estado comenzara a ejecutar a las personas a las que consideraba excluidas de la medida. Durante el año se impusieron las primeras condenas a muerte en aplicación de la nueva ley sobre condenas.

En el transcurso del año, fueron exculpadas 4 personas de los delitos por los que habían sido condenadas a muerte en los estados de Delaware, Florida, Arkansas y Luisiana, elevando a 160 la cifra de exoneraciones dictadas desde 1973.

En contraposición con esta horrenda realidad, Cuba, a pesar de ser un país pobre y subdesarrollado sobre el que se ejerce desde hace más de cinco décadas un genocida bloqueo económico, ha ponderado el derecho al desarrollo, a la vida, a la alimentación, al empleo, a la educación, la salud, los derechos de las mujeres de los niños y en sentido general los de todos los habitantes del planeta.

Como expresara el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, al presentar en Ginebra, Suiza, el informe nacional de la Isla al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:

La protección del derecho a la vida en Cuba se ha mantenido como la mayor prioridad. Se garantiza con el reconocimiento del derecho, a la integridad física y a la inviolabilidad de la persona; el cumplimiento de las garantías del debido proceso; y nadie es privado de su libertad sino conforme a la ley y con amplias garantías.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley realizan su labor con apego a la legalidad, y están sujetas a rigurosos procesos de control y al escrutinio popular.

No hay impunidad ante los muy pocos casos de abusos por funcionarios o agentes del orden, ni leyes o reglamentos que la amparen.

No hay venta ni tráfico de armas de fuego. Las tasas de homicidios son muy bajas lo que contribuye a que sea uno de los países más seguros del mundo.

Además, son incuestionables los resultados alcanzados en nuestro país  en la salud y la educación, el desarrollo logrado por la mujer cubana, el bienestar de nuestros niños, sobre la base de valores de igualdad y bienestar colectivo, lo que muestra que no basta con el reconocimiento, la promulgación y ofrecimiento de los derechos mencionados desde el punto de vista constitucional, sino que las garantías materiales de los mismos son las que en última instancia consolidan la obtención real de la dignidad plena del hombre.

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