El laberinto electoral de #EEUU ¿Quiénes votan y quiénes no?

Por Juana Carrasco Martín

Se insiste en que ninguno goza de la aceptación de los votantes, y se presume que el 8 de noviembre posiblemente los ciudadanos de Estados Unidos hagan una vez más un ejercicio de abstención.

Hablamos de la demócrata Hillary Clinton y del republicano Donald Trump, los candidatos a ocupar la presidencia de Estados Unidos en el rejuego bipartidista que asegura el control de la política por el poder verdadero, el de la cúspide del uno por ciento, los más ricos de ese país, que se para frente al mundo como el modelo de la «perfecta democracia».

La Clinton, vestida de blanco, para evocar la marcha de las sufragistas, apeló en su discurso de aceptación a las 161 millones de mujeres de la nación como primera fémina nominada por uno de esos dos grandes partidos. Por supuesto, han obviado a los pequeños partidos fuera del sistema, alineados en la izquierda o en ideologías alternativas que desde hace mucho han postulado a mujeres de manera infructuosa, un derrotero que comparten por igual si los candidatos son hombres. Tales grupos políticos no cuentan para nada.

Trump ha sido acusado hasta de misógino. Basta con escucharle algunos comentarios para refrendar esa característica, que se une a otras expresiones constantes de xenofobia y racismo, suficientes para hacerle repudiable por un electorado razonable, pero atractivo —lo ha demostrado con creces en la etapa de las primarias— en fuerzas extremistas que también integran las bases de la población estadounidense, preferiblemente hombres blancos (47 por ciento de sus partidarios según The Washington Post), sin título universitario, trabajadores de clase media y baja, propensa a pensar, como Trump, que el mal camino de sus economías se debe a que los inmigrantes le quitan sus empleos, y es recelosa a los tratados de libre comercio (dice The Wall Street Journal).

Aunque también sigue a Trump una parte de la generación de este siglo, los millennials, que tienen deudas universitarias y repudian al Gobierno federal, al que consideran incapaz de solucionar los múltiples problemas del país. Este segmento también se alinea con Bernie Sanders, quien ahora se siente frustrado porque se le dio la espalda en la Convención Demócrata.

Complicada la situación, sin duda alguna… El centro de investigación de la opinión Pew Research afirma que en este 2016 frente a las urnas está un electorado más diverso que nunca antes. Habrá que ver qué proporción acude al ejercicio que debiera ser derecho de todos, pero se sabe que ese es uno de los mitos que envuelve a un proceso más cercano a la demagogia que a la verdadera democracia.

Votantes y exclusión

Un elemento sustancial que parece intrínseco al sistema y al proceso electoral estadounidense es la exclusión, que constituye práctica significativa y reconocida por ley en 48 de los 50 estados que conforman la Unión, y por uno u otro motivo se le niega el voto a numerosos ciudadanos, especialmente de los sectores más pobres, marginados, vulnerables y pertenecientes a las minorías étnicas, echando por tierra los cacareos de justicia y derechos, a pesar de que, supuestamente, la Ley de Derecho al Voto de 1965 (VRA) rompió la barrera que impedía el sufragio de la población negra tras aprobarse en 1964 sus derechos civiles.

La realidad es que en 2016 así van las cosas todavía… los descartados, especialmente los afroamericanos, latinos o de los diezmados pueblos originarios —los «pieles rojas» vituperados a nivel mundial en los filmes de Hollywood, en no pocos casos se encuentran en un laberinto difícil o casi imposible de cruzar hasta llegar a la urna.

La Convención Nacional Republicana que nominó la pasada semana a Trump y a Mike Pence llamó oficialmente en su Plataforma a que se tomaran medidas para hacer más difícil ejercer el voto. Esta fue la formulación explícita en ese sentido: «Apoyamos la legislación que requiere prueba de ciudadanía al registrarse para votar y segura identificación con foto al momento de votar», y lo refrendaron al agregar en el documento: «Nos oponemos firmemente a los litigios contra los estados que ejercen su autoridad soberana para dictar esas leyes».

Precisamente en los últimos días, los estados de Wisconsin, Carolina del Norte y Texas fueron requeridos por jueces federales por esa práctica discriminatoria y excluyente que viola la VRA y que de manera desproporcionada afecta e impacta en los votantes de las minorías.

Sin embargo, fue en 2013 que, desde dos posiciones diferentes ante el serio problema de la discriminación, la Corte Suprema de los Estados Unidos votó 5-4 por eliminar la sección 5 de la VRA y con ello propició la vuelta a prácticas obstructivas y excluyentes cuando permitió que nueve estados, la mayoría de ellos sureños, cambiaran sus leyes de elección sin que se requiriera el visto bueno federal. De hecho, les permitiría burlar la historia de lucha, sangre y sufrimiento del movimiento por los derechos civiles.

Prevaleció el criterio de que las minorías no enfrentaban ya sustanciales obstáculos a la votación y el derecho soberano de los estados sobre el Gobierno y las leyes federales, obviando que en la mayoría de esas regiones existe una oprobiosa historia de discriminación. La sección 5 requería prueba de que el cambio en la votación propuesta por cualquiera de los estados no negara o restringiera el derecho de voto por motivos de raza, color, o ser miembro de un grupo de lengua minoritaria.

De inmediato, en aquel verano de 2013, Texas y otros estados legislaron a favor de la identificación con foto y huellas en un país que no tiene un documento oficial e igualitario con ese propósito. En sentido general, ese escrito probatorio de la identidad de una persona es la licencia de conducción, el pasaporte y el permiso para portar armas, de los que precisamente carecen las personas de menos recursos, un segmento poblacional en el que son mayoría negros, latinos, asiáticos e indígenas, ancianos y jóvenes. Pero no entran en las identificaciones reconocidas para registrarse y votar las de trabajo o de escuelas públicas.

La jueza Ruth Bader Ginsburgh, una de los cuatro magistrados que se opuso a la mutilación de la Sección 5 —que aplicaba en Alabama, Alaska, Arizona, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas y Virginia — dijo entonces que el foco de la Ley de Derecho al Voto había cambiado a partir de «barreras de primera generación al acceso a las urnas» a «barreras de segunda generación».

La realidad es que desde 2013 más de 40 estados han intentado implementar requerimientos de identificación para los votantes antes de depositar su voto, y estarán en vigor en el próximo noviembre.

Otros impedimentos se añaden mediante los cambios limítrofes a los mapas geográficos electorales dividiendo en diferentes distritos o centros de votación a esas comunidades, lo que debilita su poder para elegir a quienes pudieran mejor representarlos.

Llama la atención que esa ofensiva ocurriera después de la elección del primer presidente negro en Estados Unidos, Barack Obama, y entre los valladares está también la reducción del plazo de votación anticipada —pueden hacerlo antes del día oficial del 8 de noviembre que es martes y por tanto jornada laboral— quebrando la facilidad del acceso a las urnas a personas de menos recursos, algo —comentaba un trabajo del diario The New York Times— «muy útil para las iglesias de mayoría negra que suelen motivar a sus fieles para ir a las urnas durante sus servicios dominicales».

El artículo del diario neoyorquino titulado «El voto latino será decisivo en Estados Unidos… si lo dejan votar», mencionaba la derogación de leyes que permitían a las personas registrarse y votar al mismo tiempo, «muy conveniente para los estadounidenses más pobres que cambian de domicilio con mayor frecuencia y que, sin esta ventaja, se ven obligados a actualizar continuamente su información electoral».

Una condena perpetua

A esto se añade un estimado de que 5,85 millones de estadounidenses no podrán votar como resultado de haber sido convictos, incluyendo cerca de 4,4 millones que cumplieron sus condenas, están libres y viven y trabajan en sus comunidades, pero las leyes de EE.UU. les retiran el derecho casi de por vida.

Cifras comprobadas consideran que uno de cada 13 afroestadounidenses en edad de votar ha perdido ese derecho, tasa cuatro veces superior al promedio nacional. De igual manera están afectados los ciudadanos de origen latino, también sobrerrepresentados en el sistema de justicia criminal.

No puede olvidarse que Estados Unidos tiene también la primacía en el mundo en cuanto a población penal, y no pocos de esos reos han adquirido el prontuario por sentencias mínimas en la guerra a las drogas que durante décadas condenó el consumo, felonías de poca monta en sus años juveniles y hasta violaciones del tránsito.

Voto latino

Según el Pew Research Center, hay 55,2 millones de latinos en Estados Unidos, que represen-

tan el 17 por ciento de la población: de ellos, 25,4 millones son los registrados para votar en las próximas elecciones presidenciales.

En las elecciones de medio tiempo de 2014 el 62 por ciento de los latinos votaron por los candidatos del Partido Demócrata y el 36 por ciento por los republicanos. Un dos por ciento votó por otras agrupaciones políticas.

Latinos y asiáticos tienden a votar menos en proporción que los blancos y los afroamericanos, pero no puede desestimarse que constituyen el segmento poblacional de más rápido crecimiento y en ciudades y estados de gran peso electoral por su número de habitantes van siendo mayoría.

No es de extrañar entonces la coletilla del titular del diario neoyorquino: «… si los dejan votar».

Pew ha dicho recientemente que los blancos no hispanos elegibles para votar siguen siendo más, 156 millones y los de minorías, combinados, son 70 millones. Es un hecho a tener en cuenta.

Este es el panorama, un embrollo sociopolítico que debe definirse en noviembre, pero que parece darle algún puntico de ventaja al republicano. Ya veremos.

Juventud Rebelde

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